Los denunciantes de las VTC calculan en cerca de 4 millones de euros el dinero estafado

Los querellantes en la estafa de las ventas de licencias VTC que investiga el juzgado de Instrucción número 23 de Madrid estiman en cerca de cuatro millones de euros las cantidades estafadas por el empresario Rosme Cruz, el principal investigado en esta causa. Esta es la cantidad mínima que los 35 afectados reclaman en la querella presentada el pasado 15 de junio, ya que a diario se suman nuevos afectados y, por tanto, la cantidad se incrementa. Estos perjuicios serían de aproximadamente el doble si le aplicasen el precio actual de esas mismas licencias. En total la cantidad presuntamente estafada ascendería a unos ocho millones de euros.

Según la querella que ahora investiga el Juzgado 23 de Madrid, Rosme Cruz vendía licencias para Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) de manera ilegal puesto que no eran suyas o no tenía autorización para venderlas. Hay hasta el momento 35 afectados que se han presentado de manera conjunta en la misma denuncia, pero es posible que a título individual existan muchos más.

Para hacer frente a una posible responsabilidad civil del investigado, el abogado de las víctimas, Ignacio Palomar, del despacho Servilegal Abogados, ya ha pedido al Juzgado que instruye la macrocausa con todos los afectados que bloquee las cuentas del denunciado y de su empresa Cartera Benmitsu, con la que presuntamente operaba fraudulentamente en la compra venta de licencia.

De momento los afectados han conseguido que la Fiscalía apoye su petición de realizar dos embargos de manera preventiva, el primero por importe de 126.500 euros y el segundo por valor de 360.598 euros. Sin embargo, el abogado de las víctimas ha pedido en total el embargo preventivo de «bienes suficientes» por importe de 3.373.656,07 euros», una cantidad que se antoja escasa porque la querella sufre ampliaciones diarias por la llegada de nuevos afectados.

También han pedido al juzgado la intervención de «un perito auditor para determinar el valor actual de una licencia VTC en la Comunidad de Madrid, que hoy ronda los 80.000 euros». Si finalmente se estableciese esta cantidad como la estafada el montante alcanzaría los 8 millones de euros.

Las víctimas ya han solicitado formalmente la ayuda de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de Policía Nacional, ya que Palomar ha detectado que Cruz habría usado más de 15 cuentas bancarias a las que habría desviado parte del dinero cobrado por estas licencias.

La defensa de las víctimas también ha pedido que se haga anotación preventiva de embargo de una finca en Canarias, «inscrita a favor de la hermanastra del investigado (….) quien consta probado que ha recibido desvíos de dinero del investigado Rosme». También piden el ingreso en prisión preventiva del acusado y la retirada de su pasaporte porque creen que existe riesgo evidente de fuga. Los denunciantes no descartan ampliar su querella a familiares y amigos de Cruz ante el temor de que el investigado hubiese transferido dinero de sus cuentas a otras de terceros.

El investigado Rosme Cruz no se ha presentado al juzgado para responder sobre la primera denuncia en la compra venta de licencias VTC presentada contra él. Tenía que haberlo hecho el pasado 21 de junio, pero no lo hizo y provocó una orden de averiguación de otro posible domicilio por el Juzgado. Pero es cierto que ni las víctimas han hablado con él desde hace meses ni OKDIARIO ha logrado contactar con Cruz. Por eso se espera que dentro de poco el juzgado dicte orden de busca y captura contra él.